Colombia 2026-2030: Lo que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella cambia para cada industria
Corte informativo: 16 de julio de 2026
Contexto general
El 21 de junio de 2026, Abelardo de la Espriella (Movimiento Defensores de la Patria) ganó la segunda vuelta presidencial con 49,66% de los votos frente al 48,70% de Iván Cepeda (Pacto Histórico): una diferencia de apenas 0,004 puntos porcentuales, la más estrecha en la historia reciente de segundas vueltas en Colombia. El Consejo Nacional Electoral lo declaró presidente electo el 24 de junio junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo (exministro de Hacienda). Toma posesión el 7 de agosto de 2026.
Dos elementos de contexto son indispensables para cualquier empresa que planifique su exposición a Colombia en este ciclo:
1. Riesgo institucional de la transición. El presidente saliente, Gustavo Petro, ha cuestionado públicamente la legitimidad del resultado electoral —alegando sin pruebas manipulación algorítmica en el escrutinio— y ha declarado que no reconoce al gobierno entrante. El 7 de julio, De la Espriella ordenó suspender el proceso oficial de empalme en respuesta. La Contraloría General intervino pidiendo retomar las mesas técnicas, y desde entonces ambos equipos han avanzado empalmes paralelos y asimétricos. Esto no altera la fecha ni la validez constitucional de la posesión del 7 de agosto, pero sí ha ralentizado la entrega de información de gestión, presupuesto y contratación a los equipos entrantes, y ha generado ruido sobre el lugar y la forma de la posesión presidencial. Para efectos de planeación corporativa, esto se traduce en menor visibilidad de corto plazo sobre el estado real de las finanzas públicas y los proyectos en curso que el nuevo gobierno recibirá.
2. El armazón económico del programa. El plan de gobierno —bautizado en campaña "País Milagro" o "El Milagro de los Nunca", y en su hoja de ruta económica "Patria Milagro"— se apoya en cinco principios ("familia, propiedad, trabajo, fe y seguridad") y persigue metas ambiciosas: crecimiento del PIB de 6%-7% anual (frente a un ritmo actual inferior al 3%) y 3 millones de empleos nuevos en cuatro años. El vehículo para lograrlo es una reducción de cerca del 40% del aparato estatal (fusión de agencias, recorte de nómina paralela, ahorro proyectado de 25 a 30 billones de pesos), una batería de decretos de arranque inmediato (el equipo de empalme ha hablado de más de 450 actos administrativos listos, bajo la etiqueta interna "Arca de Noé"), desregulación de trámites en DIAN, Invima, ICA, superintendencias, cámaras de comercio, notariado y licenciamiento ambiental, y una reforma tributaria que promete bajar impuestos (eliminación del impuesto al patrimonio, desmonte gradual del 4x1000, revisión del impuesto saludable) sin que hasta ahora el equipo económico haya explicado con detalle la fuente de financiación. El propio ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, ha señalado que la reforma tributaria "mirará todo", lo que ha generado alertas de gremios como Fenavi sobre un eventual IVA a bienes de la canasta familiar, alerta que el gobierno entrante ha salido a desmentir parcialmente.
El gabinete se ha ido completando por etapas —11 de 18 ministerios confirmados al 11 de julio, con Tecnologías de la Información confirmado apenas el 15 de julio—, lo que todavía deja zonas grises regulatorias en carteras claves para varias de las industrias de este análisis.
Con ese marco, este documento recorre las doce industrias en las que Amazonic Consulting Group se especializa, identificando qué está cambiando, qué debe monitorear y decidir cada compañía, y qué impacto estructural es razonable anticipar para el sector en su conjunto. Estas recomendaciones están calibradas para empresas medianas: compañías con exposición regulatoria real pero sin un área de asuntos públicos interna del tamaño de una multinacional, y con caja limitada para absorber sorpresas normativas.
1. Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
Qué está cambiando. El Ministerio TIC quedó en manos de Alexandra Falla Zerrate, comunicadora social y especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, confirmada apenas el 15 de julio —una de las últimas carteras en definirse—. Su mandato declarado prioriza gobierno digital para transparencia, aplicaciones para proyectos productivos, actualización de la regulación tecnológica y fortalecimiento de la infraestructura de redes. El equipo de campaña ha planteado que la inversión en telecomunicaciones y economía digital depende de cinco variables que el Estado controla directamente: espectro, permisos, impuestos, regulación e infraestructura. En paralelo, el discurso oficial insiste en llevar inteligencia artificial a los procesos del Estado para reducir costos y modernizar trámites. Analistas del sector (ENTER.CO) han señalado que, más allá del entusiasmo declarativo, las propuestas todavía carecen de cronograma, fuentes de financiación e indicadores verificables. La demora en nombrar esta cartera ya generó cautela entre inversionistas extranjeros con activos regulados en el sector (el caso de Telefónica en España fue citado explícitamente por la prensa española como una de las señales que el mercado está vigilando).
Cómo debe actuar la empresa. No hay todavía política tecnológica escrita en decretos, así que la ventana de julio-agosto es la de mayor capacidad de incidencia: es el momento de acercarse a la nueva ministra y a su equipo técnico con posiciones documentadas sobre espectro, neutralidad de red y marco de datos, antes de que las prioridades regulatorias se cierren. Las compañías con licencias o concesiones de espectro deben auditar sus vencimientos y condiciones actuales frente a la promesa de "seguridad jurídica" del nuevo gobierno, que todavía no tiene desarrollo normativo. Empresas que dependan de trámites ante el Ministerio o la Comisión de Regulación de Comunicaciones deben anticipar cambios de interlocutor y posible relentización administrativa mientras se estabiliza el equipo.
Qué considerar. El riesgo principal es la ambigüedad, no la hostilidad: el discurso es pro-inversión y pro-desregulación, pero la falta de detalles ejecutables durante los primeros meses puede traducirse en parálisis de decisiones antes que en cambios abruptos. La oportunidad más concreta está en los programas de IA aplicada al Estado (compras públicas, tercerización de desarrollo, consultoría de implementación) y en la modernización de infraestructura de conectividad rural, que aparece de forma transversal también en las promesas de campo y educación.
Impacto en el sector. Un entorno más desregulado y con impulso declarado a la digitalización estatal favorece a proveedores de infraestructura, ciberseguridad e integración de IA en el mediano plazo, pero el sector operará varios meses bajo incertidumbre normativa mientras el nuevo Ministerio define su agenda concreta de espectro y datos.
2. Industria Agraria
Qué está cambiando. El eje agrícola del programa es una "revolución agroindustrial" que rompe explícitamente con el modelo de reforma agraria redistributiva del gobierno Petro. La apuesta central es ampliar la frontera agrícola en 1,5 millones de hectáreas, con la Altillanura como "el Mato Grosso colombiano" y nuevas líneas en coco, pasifloras, cereales y ganadería regenerativa, apoyada en el Mapa Nacional de Zonificación Agrícola, Pecuaria y Forestal que administra la UPRA. En crédito, se plantea modernizar la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y los Títulos de Desarrollo Agropecuario, con la meta de tasas cercanas al 8,7% anual, plazos más largos, garantías estatales de hasta 80% y simplificación de Finagro. También se anuncia titulación de predios (formalización de propiedad rural, no redistribución), una Escuela de Emprendedores Rurales para 100.000 jóvenes y el fortalecimiento del SENA en formación rural. El gobierno insiste en que la ampliación de frontera agrícola se hará dentro del ordenamiento legal vigente y sin tocar páramos ni zonas protegidas, aunque organizaciones ambientales ya han cuestionado la viabilidad técnica y ambiental de esa promesa.
Cómo debe actuar la empresa. Las empresas agroindustriales y de insumos deben mapear su huella actual y potencial frente a la Altillanura y a los nuevos corredores productivos anunciados, porque ahí se concentrará la inversión pública en vías terciarias, riego y conectividad. Es el momento de preparar documentación para acceder a las nuevas líneas de crédito subsidiado antes de que la demanda sature los cupos disponibles, y de participar activamente en las mesas que definan el rediseño de la CNCA y Finagro. Las compañías que hoy dependen de tierra bajo figuras de reforma agraria o de acuerdos con la Agencia Nacional de Tierras deben revisar la exposición de esos contratos a un cambio de enfoque desde el gobierno nacional.
Qué considerar. El giro hacia agroindustria intensiva y gran escala favorece a productores con capacidad de inversión y tecnificación, pero puede generar fricción social y jurídica en los territorios donde persiste conflicto por la tierra, lo que es un riesgo reputacional y operativo real para cualquier empresa que expanda operaciones en la Altillanura. La promesa de no tocar páramos ni Amazonía convivirá en tensión permanente con la meta de 1,5 millones de hectáreas nuevas, y las decisiones de licenciamiento ambiental serán el punto de fricción a monitorear.
Impacto en el sector. Es, junto con energía, uno de los sectores con la señal de política más clara y consistente del nuevo gobierno: más crédito, más frontera agrícola, más infraestructura rural y menos intervención redistributiva. El sector agroindustrial de exportación (proteína animal, oleaginosas, frutales) es el más favorecido; la economía campesina y los programas de sustitución de cultivos ilícitos pierden peso relativo en la nueva agenda.
3. Industria Energética
Qué está cambiando. Es el sector con el viraje más marcado y mejor documentado del nuevo gobierno. Entre los primeros decretos anunciados está citar a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol para cambiar junta directiva y presidencia de la compañía, en medio de un objetivo explícito de recuperar sus finanzas y su reputación. En materia de hidrocarburos, el gobierno entrante planea reactivar contratos de exploración convencional y no convencional desde el arranque de su mandato y autorizar pilotos de fracking, revirtiendo las restricciones del gobierno Petro; las reservas probadas actuales rondan los 2.020 millones de barriles, equivalentes a apenas 7,4 años de autosuficiencia, lo que el equipo entrante usa como argumento de urgencia. El choque normativo ya está servido: el Ministerio de Minas y Energía saliente radicó el 20 de julio un proyecto de ley en el Congreso para prohibir el fracking, justo antes del cambio de gobierno, mientras el equipo de Restrepo insiste en que la técnica es viable con estándares técnicos estrictos y sin intervenir páramos, áreas protegidas, la Amazonía o el Pacífico. En paralelo —y esto es clave para no leer la política energética como monotemática—, el programa también incluye impulso a energía solar y eólica y a minería legal formalizada de oro, cobre, plata y tierras raras.
Cómo debe actuar la empresa. Las empresas del sector hidrocarburos y sus cadenas de proveedores (servicios petroleros, ingeniería, logística especializada) deben prepararse para una ventana de reactivación de rondas de exploración y renegociación de contratos con Ecopetrol bajo una nueva administración, y anticipar el litigio regulatorio que se avecina en el Congreso entre la bancada oficialista saliente y la nueva mayoría de gobierno sobre la ley antifracking. Empresas de energías renovables no deben asumir que quedan desplazadas: el discurso oficial las mantiene como pilar paralelo, por lo que conviene posicionar proyectos de generación distribuida y almacenamiento como complementarios a la narrativa de "seguridad energética", no como competencia ideológica al petróleo.
Qué considerar. El principal riesgo no es de intención sino de ejecución jurídica: cualquier permiso de fracking chocará con años de litigiosidad ambiental y con una eventual ley que lo prohíba, por lo que los proyectos que dependan de esta autorización deben modelar escenarios con horizontes de aprobación más largos que los anunciados en campaña. La reestructuración inmediata de la junta de Ecopetrol es una oportunidad de interlocución temprana para proveedores y socios estratégicos, pero también una fuente de inestabilidad de corto plazo en la cadena de decisiones de la petrolera estatal.
Impacto en el sector. Es previsible una recuperación de la inversión en exploración y de la actividad de servicios petroleros en el mediano plazo, con Ecopetrol como termómetro: el mercado ya valorizó la acción cerca de 15% entre primera y segunda vuelta ante la expectativa de un gobierno más favorable al sector, aunque tras confirmarse el resultado la acción cayó más de 8% en una toma de utilidades clásica ("comprar el rumor, vender la noticia"). El sector minero-energético en su conjunto queda posicionado como uno de los ejes fiscales del nuevo gobierno para financiar la reducción de otros impuestos.
4. Industria Automotriz
Qué está cambiando. El sector automotor colombiano enfrenta hoy una encrucijada regulatoria previa a cualquier decisión del nuevo gobierno: el fin de la prórroga que permitía importar vehículos bajo estándares de seguridad estadounidenses (FMVSS) en paralelo a los europeos, lo que según Fenalco afectaría hasta la mitad de la oferta local y bloquearía el ingreso de unidades ensambladas en Brasil, México y Argentina bajo esos mismos estándares. El gremio (Andemos) pidió al gobierno saliente congelar la aplicación de las nuevas resoluciones de homologación para que la política definitiva se estructure junto con el equipo de De la Espriella. A esto se suma la orientación general de comercio exterior del nuevo gobierno, que se autodefine como "libertad económica con proteccionismo inteligente": no apertura comercial irrestricta, sino aranceles diseñados, control de calidad y defensa activa frente a competencia desleal subsidiada, en la línea de lo que en su momento hicieron Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur o Japón, según el propio discurso de campaña. Instrumentos ya vigentes como el arancelario IAMAS y el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) han sido señalados como responsables del salto de 191% en exportaciones de vehículos colombianos en el arranque de 2026, y es previsible que el nuevo gobierno los mantenga o refuerce.
Cómo debe actuar la empresa. Ensambladoras, importadores y la cadena de autopartes deben participar activamente en las mesas técnicas de homologación que se estructurarán con el nuevo Ministerio de Comercio (Mauricio Gómez Amín, ya confirmado) y el Ministerio de Transporte, porque la definición del estándar de seguridad aplicable (FMVSS vs. normativa europea) es hoy la variable de mayor impacto operativo inmediato, por encima de cualquier promesa de campaña. Las empresas exportadoras deben verificar su elegibilidad frente a IAMAS y CERT y preparar su operación para un eventual fortalecimiento de estos instrumentos.
Qué considerar. El riesgo de corto plazo es regulatorio y binario: si no se resuelve la coexistencia de estándares antes de la posesión, hay riesgo real de bloqueo de importaciones y de represalias arancelarias recíprocas desde Estados Unidos. El "proteccionismo inteligente" declarado por el nuevo gobierno es, en el fondo, una señal favorable para el ensamblaje y la manufactura local de autopartes frente a la importación de vehículos terminados de bajo costo, lo que reconfigura el mapa competitivo del sector.
Impacto en el sector. Es previsible una consolidación de la producción y exportación nacional de vehículos, apalancada en instrumentos arancelarios activos, mientras el segmento de importación queda sujeto a mayor incertidumbre normativa de corto plazo hasta que se resuelva el diferendo de estándares técnicos.
5. Inversión y Capital Privado
Qué está cambiando. La reacción de los mercados a la elección ha sido la señal más clara del apetito inversionista por el cambio de ciclo: el peso colombiano se fortaleció a mínimos no vistos desde 2020 (el dólar llegó a cotizar cerca de $3.385-3.406, con proyecciones de analistas hacia $3.200-$3.300 en los primeros meses de gobierno), y los bonos soberanos con vencimiento en 2054 subieron cerca de 0,8 centavos de dólar, reflejando menor percepción de riesgo país. La bolsa, en cambio, tuvo una reacción mixta —el índice Colcap cayó 2,64% y Ecopetrol llegó a caer más de 8%— en lo que varios analistas interpretaron como toma de utilidades tras un rally previo a la segunda vuelta, no como señal de desconfianza estructural. El programa de gobierno ofrece varios incentivos directos a la inversión: zonas económicas especiales con exenciones tributarias, una declaratoria de emergencia económica para agilizar decisiones, reducción del impuesto de renta corporativo y eliminación del impuesto al patrimonio. El contrapeso es fiscal: el país recibe una deuda pública superior al 60% del PIB y un déficit elevado, sin que el equipo económico haya explicado en detalle cómo financiará simultáneamente la baja de impuestos prometida.
Cómo debe actuar la empresa. Los fondos de capital privado y las empresas en proceso de estructuración de inversión deben aprovechar la ventana de definición de las zonas económicas especiales para posicionar proyectos antes de que se cierren los criterios de elegibilidad, y deben monitorear de cerca las señales del nuevo Ministerio de Hacienda (Miguel Gómez Martínez, exdirector de la DIAN) sobre manejo de deuda, relación con el Banco de la República y calificadoras de riesgo, que serán el verdadero termómetro de si el optimismo de mercado se sostiene. Conviene además incorporar en cualquier modelo de inversión un escenario de riesgo político diferenciado por la tensión de la transición con el gobierno saliente, no solo el riesgo macroeconómico ordinario.
Qué considerar. La oportunidad es real pero condicionada: el mercado está anticipando disciplina fiscal y un giro pro-mercado que todavía no se ha traducido en decretos ni en una hoja de ruta fiscal financiada. El principal riesgo es que la brecha entre las promesas de reducción de impuestos y la necesidad de financiar el déficit termine resolviéndose con mayor deuda, ajustes de gasto más duros de lo prometido, o una reforma tributaria que grave a sectores no anticipados por el mercado.
Impacto en el sector. Es esperable un repunte de inversión extranjera directa y de flujos hacia renta fija colombiana en el corto plazo si el gobierno entrante confirma con decretos tempranos la disciplina fiscal anunciada; el capital privado local, en cambio, seguirá más atento a la resolución del pulso institucional con el gobierno saliente antes de comprometer capital a proyectos de mediano y largo plazo.
6. Sector Público
Qué está cambiando. Es el sector donde confluyen el mayor volumen de anuncios y el mayor riesgo institucional. En lo estructural: reducción del aparato estatal en cerca de 40%, fusión de agencias redundantes, recorte de la "nómina paralela", revisión de trámites en Invima, ICA, DIAN, superintendencias, cámaras de comercio y notariado, y una promesa de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el propio presidente electo calificó de "farsa" durante la campaña. En lo inmediato: una batería de más de 450 actos administrativos ya preparados por el equipo de empalme para expedirse desde el primer día, bajo un enfoque de "emergencia económica" para agilizar decisiones sin pasar primero por el trámite ordinario del Congreso en todos los casos. El gabinete se ha ido revelando por etapas: Interior (Rodrigo Lara Restrepo), Hacienda (Miguel Gómez Martínez), Justicia (Iván Cancino), Defensa (Jorge Eduardo Mora López), Ambiente (Fabio Arjona), Transporte (Elsa Noguera), Comercio (Mauricio Gómez Amín), Educación (Viviane Morales) y TIC (Alexandra Falla Zerrate) ya están confirmados; a mediados de julio seguían pendientes Agricultura, Cultura, Salud, Trabajo, Minas y Energía y Ciencia. Sobre todo esto pesa la disputa de reconocimiento con el gobierno Petro, que ha calificado de ilegítimas las reuniones de empalme del equipo entrante con sus futuros ministros y ha sostenido —sin pruebas presentadas públicamente— que hubo manipulación del escrutinio.
Cómo debe actuar la empresa. Cualquier compañía con contratos, licencias, permisos o litigios activos frente al Estado colombiano debe hacer un inventario completo de su exposición antes del 7 de agosto, porque el volumen de decretos anunciado para los primeros días es inusualmente alto y puede modificar de forma abrupta reglas de juego sectoriales específicas. Es recomendable establecer canales de interlocución temprana con los ministerios ya confirmados relevantes para el giro del negocio, y monitorear activamente el proceso de empalme para anticipar —no reaccionar tarde a— cambios de interlocutor, de criterio técnico o de prioridad presupuestal.
Qué considerar. El riesgo de gobernabilidad es hoy más alto que en una transición ordinaria: la disputa de reconocimiento entre saliente y entrante puede traducirse en información incompleta sobre el estado real de las finanzas públicas, en decisiones tomadas con menor continuidad institucional de la habitual, y en un entorno regulatorio más volátil durante los primeros meses de gestión mientras se resuelve el pulso político. La magnitud del recorte de 40% del Estado, si se ejecuta, tendrá efectos de segundo orden sobre proveedores del Estado, consultoría pública y sectores que dependen de contratación estatal.
Impacto en el sector. Se anticipa una reconfiguración institucional profunda —fusiones, recortes, cambio de interlocutores— combinada con un arranque legislativo y administrativo más agresivo de lo habitual en un primer semestre de gobierno colombiano, en un contexto de tensión política que puede prolongar la incertidumbre sobre la ejecución real de varias de estas promesas.
7. Transporte y Logística
Qué está cambiando. Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla y exgobernadora del Atlántico, fue confirmada como ministra de Transporte y ya adelantó su hoja de ruta: reactivar la inversión y el transporte multimodal (férreo, fluvial y vial), destrabar proyectos estratégicos paralizados, y decidir el futuro de las concesiones viales que están venciendo —si se revierten al Estado a través del Invías, como planteaba la administración Petro, o si se vuelven a entregar a privados, opción hacia la que apunta el nuevo gobierno—. Noguera ha señalado que las concesiones 4G ejecutaron cerca de 66 billones de pesos en infraestructura, mientras que actualmente hay seis propuestas 5G en ejecución por unos 15 billones, y ha sido crítica de la ejecución de vías terciarias del gobierno saliente (que ubica en apenas 3%). Entre las prioridades concretas están los corredores Lobo Guerrero y Troncal del Magdalena, la ampliación de capacidad del aeropuerto El Dorado, y una política de peajes que descarta reducciones tarifarias generalizadas salvo que existan mecanismos de compensación financiera, priorizando mantenimiento y seguridad vial.
Cómo debe actuar la empresa. Concesionarios viales, operadores logísticos y empresas de transporte de carga deben posicionarse tempranamente ante el Ministerio y la Agencia Nacional de Infraestructura para las decisiones sobre reversión o re-entrega de concesiones que vencen, dado que esta definición cambiará radicalmente el mapa de operadores del sector en los próximos dos años. Las empresas con proyectos 5G en curso deben priorizar la relación con el nuevo equipo para asegurar continuidad presupuestal y evitar los retrasos de ejecución que marcaron el cierre del gobierno anterior.
Qué considerar. La intención declarada de reactivar alianzas público-privadas y destrabar proyectos es una oportunidad concreta para el sector, pero la ejecución dependerá de la capacidad fiscal real del nuevo gobierno en un contexto de deuda elevada, y de que la tensión con el gobierno saliente no retrase la entrega de información sobre el estado exacto de los contratos y pagos a contratistas pendientes.
Impacto en el sector. Se espera una reactivación de la inversión en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria en el mediano plazo, con un giro hacia mayor participación privada en concesiones frente al enfoque más estatal del gobierno saliente, aunque el primer semestre estará marcado por la revisión de proyectos heredados antes de que arranquen desarrollos nuevos.
8. Micro y Mediana Empresa
Qué está cambiando. El discurso oficial hacia el segmento mipyme combina menor carga tributaria y regulatoria, mayor acceso a crédito y fortalecimiento de la banca de desarrollo, con foco en reducir los costos de formalidad y flexibilizar la vinculación laboral. El gremio Acopi respaldó públicamente la llegada de De la Espriella y planteó su propia agenda prioritaria para el cuatrienio: una reforma tributaria diferencial para mipymes, fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación, esquemas sancionatorios diferenciados frente a la gran empresa, eliminación de sobrecostos que golpean el empleo formal, y mayor participación de mipymes manufactureras en compras públicas. El dato de fondo que sustenta esta presión gremial: las mipymes representan cerca del 99% del tejido empresarial colombiano, generan aproximadamente 80% del empleo total y aportan cerca del 40% del PIB, según cifras de Anif citadas por el propio gremio. En paralelo, la reforma laboral que habilita el trabajo por horas y la cotización proporcional a la seguridad social —construida sobre disposiciones ya incluidas en la reforma laboral sancionada en 2025— está pensada explícitamente también para microempresas, hogares e independientes.
Cómo debe actuar la empresa. Las mipymes deben preparar su documentación financiera y tributaria para aprovechar cualquier ventana de acceso preferencial a crédito de fomento o beneficios del Régimen Simple que resulte de la reforma tributaria diferencial que gremios como Acopi están pidiendo, y evaluar con cuidado el uso de las nuevas modalidades de contratación por horas, que ofrecen flexibilidad de costos pero también exposición legal si se aplican sin el desarrollo normativo definitivo (que a julio de 2026 sigue en fase de reglamentación por decreto). Es clave mantener trazabilidad documental de nómina y aportes durante la transición hacia el nuevo esquema, dado que la reforma que lo habilita fue sancionada en 2025 pero su reglamentación operativa apenas se está definiendo.
Qué considerar. La oportunidad de menor carga tributaria y regulatoria es real y viene respaldada por gremios organizados con capacidad de incidencia, pero el trabajo por horas es también el punto más cuestionado del programa laboral por sectores sindicales y juveniles, que advierten riesgo de precarización; una mediana empresa que adopte estos esquemas de forma agresiva y prematura enfrenta tanto riesgo reputacional como la posibilidad de ajustes normativos posteriores si el Congreso o la Corte Constitucional modifican el desarrollo de la reforma laboral vigente.
Impacto en el sector. Es previsible una mejora relativa en las condiciones de formalización y acceso a crédito para el segmento mipyme si se concretan los compromisos anunciados, con el trabajo por horas como la variable de mayor impacto operativo y también de mayor incertidumbre jurídica en el corto plazo.
9. Educación
Qué está cambiando. Viviane Morales, exfiscal general, fue confirmada como ministra de Educación y ya adelantó los ejes de su gestión: recuperación plena del Icetex como mecanismo de financiación —tras una caída de cupos que, según cifras citadas por el propio gobierno entrante, pasó de 54.000 a apenas 10.000 en tres años—, restablecimiento de créditos blandos con tasas y plazos más favorables, becas completas asignadas por mérito académico, y una plataforma de "Universidad Virtual en Casa" con conectividad gratuita orientada a jóvenes que ni estudian ni trabajan, con énfasis en inteligencia artificial, robótica y áreas STEM. La campaña también salió a desmentir versiones de que el programa Matrícula Cero desaparecería, afirmando que se mantendrá con mayores recursos, y ha prometido no desmontar el Sena ni el ICBF, reposicionando al Sena como pieza clave de formación técnica rural y urbana. Un dato operativo relevante para la industria de conectividad y edtech: solo 53% de los establecimientos educativos públicos del país cuentan hoy con cobertura de internet, la brecha que el nuevo gobierno dice querer cerrar.
Cómo debe actuar la empresa. Instituciones de educación superior privada, operadores de crédito educativo y empresas edtech deben anticipar una recomposición del mercado de financiación estudiantil a medida que el Icetex recupere capacidad de originación de crédito, lo que puede reducir dependencia de líneas privadas pero también reabrir demanda hoy contenida por la escasez de cupos. Empresas de conectividad e infraestructura tecnológica educativa tienen una ventana concreta de participación en la meta de cobertura escolar y en la construcción de la plataforma de universidad virtual anunciada, que a julio de 2026 no tiene todavía operador ni cronograma público definido.
Qué considerar. El mayor riesgo para instituciones de educación superior pública es la promesa explícita de intervenir su gobernanza bajo el argumento de "rescatarlas de la politiquería y la corrupción", lo que puede traducirse en cambios de dirección y de junta que afecten la continuidad de programas y convenios en curso. Para el sector privado, la oportunidad está en la ampliación de la demanda financiable, condicionada a que el Icetex logre efectivamente la sostenibilidad financiera que la propia ministra ha reconocido que la entidad no tiene hoy.
Impacto en el sector. Se espera una expansión de la demanda de educación superior financiada, apalancada en la recuperación del Icetex, junto con mayor inversión en conectividad e infraestructura digital educativa; el segmento de educación técnica y de formación en IA/robótica para jóvenes desempleados aparece como una de las apuestas más consistentes y repetidas del programa de gobierno en todos los sectores.
10. Productos de Consumo
Qué está cambiando. El punto de mayor tensión para este sector es la reforma tributaria en preparación. El ministro de Hacienda designado ha confirmado que la reforma "revisará todo", incluyendo bienes exentos y excluidos de IVA, aunque ha dicho que la canasta básica "no debería sufrir modificaciones"; al mismo tiempo, ha confirmado que sí se revisará el impuesto a los alimentos ultraprocesados y ha descartado gravar las pensiones. La ambigüedad entre estos mensajes generó una alerta pública de Fenavi, que pidió no gravar con IVA productos como el pollo y el huevo —65% del consumo de proteína en los hogares colombianos según cifras del gremio— y el gobierno entrante respondió confirmando que no se está considerando gravar la canasta familiar. Un anuncio de campaña más consolidado es la eliminación del llamado "impuesto saludable" (a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados), defendida por José Manuel Restrepo como parte de la reducción de presión tributaria sobre la actividad empresarial. A esto se suma la orientación de "proteccionismo inteligente" en comercio exterior, que en la práctica implica aranceles diseñados y controles de calidad más estrictos frente a importaciones subsidiadas de menor costo que compiten con la manufactura de consumo local.
Cómo debe actuar la empresa. Fabricantes y comercializadores de bienes de consumo masivo deben participar activamente —directamente o a través de sus gremios— en la discusión de la reforma tributaria antes de que se radique en el Congreso, dado que la definición sobre bienes exentos y excluidos de IVA es todavía abierta pese a los mensajes tranquilizadores del gobierno. Las empresas de alimentos y bebidas alcanzadas por el impuesto saludable deben preparar dos escenarios de pricing —con y sin el tributo— dado que su eliminación es una promesa de campaña reiterada pero aún no materializada en decreto ni proyecto de ley radicado.
Qué considerar. El riesgo fiscal de fondo no ha desaparecido: el gobierno entrante recibe una deuda pública superior al 60% del PIB y ha prometido simultáneamente bajar varios impuestos, lo que hace que la promesa de no tocar la canasta básica dependa de que aparezcan otras fuentes de recaudo (lucha contra la evasión, que críticos estiman en 35% para IVA y 40% para renta, o gravámenes a sectores extractivos). La oportunidad más clara es la eliminación del impuesto saludable, que de concretarse mejora directamente el margen de la industria de alimentos y bebidas procesadas.
Impacto en el sector. El sector de consumo masivo enfrenta un semestre de incertidumbre tributaria antes de que se radique la reforma formal en el Congreso; el resultado final —que hoy oscila entre "no cambia nada para la canasta básica" y "se revisa todo"— será determinante para el pricing y los márgenes de toda la cadena de alimentos y bebidas del país.
11. Marketing / Publicidad
Qué está cambiando. A diferencia de los demás sectores, el gobierno entrante no ha anunciado una política sectorial específica para marketing y publicidad, pero el sector queda expuesto de forma indirecta a varias de las decisiones transversales del nuevo gobierno. La más relevante es la reforma tributaria: el gasto publicitario de las marcas de consumo masivo es históricamente sensible a cambios en IVA, en el impuesto saludable y en la carga tributaria empresarial general, todos ellos hoy en discusión. La segunda es la agenda digital: el impulso declarado a la inteligencia artificial, a la conectividad y a la definición de reglas de espectro y datos por parte del nuevo Ministerio TIC moldeará directamente la infraestructura sobre la que opera la publicidad digital y programática en el país, aunque —como ya se señaló en tecnología— esa agenda todavía carece de cronograma público. La tercera es la contracción anunciada del aparato estatal en 40%, que previsiblemente reducirá el gasto en pauta institucional y comunicación pública, un cliente relevante para agencias y medios en Colombia. Por último, la recuperación de confianza de mercado y del peso colombiano, si se sostiene, es un indicador adelantado favorable para el gasto publicitario privado, que suele moverse en línea con la confianza del consumidor y del empresario.
Cómo debe actuar la empresa. Agencias, centrales de medios y anunciantes deben modelar sus proyecciones de inversión publicitaria 2026-2027 con dos escenarios diferenciados según el desenlace de la reforma tributaria sobre bienes de consumo, dado que ese resultado incidirá directamente en los presupuestos de mercadeo de sus clientes de alimentos, bebidas y retail. Es recomendable anticipar una caída de la pauta institucional del sector público durante el proceso de reducción del Estado y diversificar la dependencia de ese cliente si representa una porción relevante de los ingresos.
Qué considerar. El principal riesgo para el sector no es regulatorio directo sino derivado: cualquier deterioro de la confianza del consumidor asociado a un desenlace fiscal más duro de lo prometido (IVA más amplio, gasto público más restringido) golpearía primero al presupuesto de mercadeo de las marcas antes que a otras líneas de gasto empresarial. La oportunidad está en el crecimiento de la publicidad digital y programática si la agenda de conectividad e IA del nuevo Ministerio TIC efectivamente se traduce en mejor infraestructura y reglas claras de datos.
Impacto en el sector. El desempeño de marketing y publicidad en este ciclo será, más que en otros sectores, un reflejo indirecto de cómo se resuelvan la reforma tributaria y la confianza del consumidor, con la agenda digital del nuevo gobierno como la única palanca de política pública directamente relevante para el sector.
12. Instituciones Financieras
Qué está cambiando. Es uno de los sectores con más anuncios concretos, aunque con distinto grado de compromiso. En pensiones, el gobierno entrante plantea una "contrarreforma" a la Ley 2381 (reforma pensional de Petro, hoy suspendida en su entrada en vigencia mientras la revisa la Corte Constitucional): restablecer la libre elección entre Colpensiones y fondos privados de pensión, blindar constitucionalmente los ahorros pensionales frente a cualquier uso por parte del Estado, y elevar el subsidio Colombia Mayor para adultos mayores vulnerables de $225.000 a una cifra entre $350.000 y $400.000 mensuales, financiado con la reducción de burocracia estatal. En tributación financiera, el gobierno estudia —sin comprometerse todavía— eliminar el 4x1000 (Gravamen a los Movimientos Financieros) para personas naturales, bajo el argumento de estimular la bancarización y reducir el uso de efectivo; José Manuel Restrepo ha defendido un desmonte gradual. También se ha planteado, aunque en un terreno más especulativo de campaña, buscar un acuerdo con el Banco de la República para fijar en 2% una tasa hipotecaria a 30 años, una propuesta que pondría a prueba la independencia del banco central y que no tiene desarrollo posterior confirmado tras la elección.
Cómo debe actuar la empresa. Bancos, fiduciarias y administradoras de fondos de pensiones deben modelar de inmediato el escenario de reapertura de la libre elección entre Colpensiones y AFPs, dado que es la propuesta con mayor respaldo político y mayor probabilidad de convertirse en proyecto de ley durante los primeros meses de gobierno; esto implica revisar estrategias comerciales de traslado de régimen y comunicación a afiliados. Las entidades financieras deben además preparar su infraestructura operativa para un eventual desmonte escalonado del 4x1000 en personas naturales, que de concretarse cambiará el comportamiento transaccional de millones de clientes y probablemente acelere la migración desde efectivo hacia canales digitales.
Qué considerar. El mayor riesgo es de expectativas: varias de las propuestas más atractivas para el sector (4x1000, tasa hipotecaria pactada) siguen sin compromiso firme ni cronograma, mientras que la contrarreforma pensional sí cuenta con mayor desarrollo técnico y respaldo explícito del vicepresidente electo, lo que la hace la variable de mayor probabilidad de ejecución real en el corto plazo. Cualquier entidad expuesta al negocio pensional debe considerar que el fallo pendiente de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 sigue siendo la variable de mayor incertidumbre jurídica del sector, independiente de lo que proponga el nuevo gobierno.
Impacto en el sector. Se anticipa una recomposición relevante del negocio pensional a favor de los fondos privados si la contrarreforma avanza, y una eventual ampliación de la base bancarizada si se concreta el desmonte del 4x1000; en el frente macro, el sector financiero es también el primer beneficiario de la mejora en percepción de riesgo país reflejada en el fortalecimiento del peso y el repunte de la demanda por deuda soberana colombiana observado tras la elección.
Nota metodológica y fuentes
Este análisis se elaboró a partir de fuentes periodísticas y declaraciones oficiales publicadas entre marzo y el 16 de julio de 2026. Dado que el gobierno de Abelardo de la Espriella toma posesión el 7 de agosto de 2026, buena parte de lo aquí descrito corresponde a propuestas de campaña, declaraciones de ministros designados y decretos anunciados pero aún no expedidos; el documento distingue explícitamente entre lo ya confirmado (nombramientos, resultado electoral, reacciones de mercado) y lo que continúa sujeto a definición legislativa o reglamentaria. Se recomienda actualizar este diagnóstico después del 7 de agosto, cuando empiece a expedirse el primer paquete de decretos.
Fuentes principales consultadas: El Tiempo, Semana, Valora Analitik, Infobae Colombia, Bloomberg Línea, Portafolio, La República, Cambio Colombia, El Heraldo, El Espectador, ENTER.CO, CNN en Español, France 24, RCN Radio/Noticias, Pulzo, LaFM, Moncloa.com, El Colombiano, La Silla Vacía, Contexto Ganadero, HSB Noticias, El Oriente, La Tercera, y el sitio oficial de propuestas del movimiento Defensores de la Patria.
Elaborado por Amazonic Consulting Group — Asuntos Públicos, Regulación y Viabilidad Corporativa.
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